
El Gobierno avanzó con el envío al Senado del proyecto de reforma laboral que promete modificar de manera profunda el sistema de empleo en Argentina. La iniciativa, elaborada por el equipo del ministro Federico Sturzenegger, apunta a incentivar la contratación formal, reducir la litigiosidad y recortar facultades históricas de los sindicatos.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que reemplazará el esquema tradicional de indemnizaciones por despido.
Este fondo se financiará con un aporte mensual del 3%, calculado sobre las remuneraciones que sirven de base para el SIPA. La recaudación quedará en manos de entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores, que deberán invertirlo bajo pautas marcadas por el Banco Central.
Desde el Gobierno aseguran que el FAL será especialmente beneficioso para las PyMEs, que muchas veces enfrentan dificultades para afrontar una indemnización completa y terminan en situaciones de quiebre. “Esto tiene costo cero tanto para el empleador como para el empleado”, remarcan fuentes oficiales.
La reforma propone cambios sensibles en el sistema gremial.
Uno de ellos es la incorporación, en los recibos de sueldo, del detalle de cuánto aporta el trabajador y cuánto aporta la empresa al gremio.
Además, las empresas ya no estarán obligadas a actuar como agentes de retención de las cuotas sindicales. Ese mecanismo quedará sujeto a un acuerdo voluntario entre el empleado y la organización gremial. En la práctica, los sindicatos deberán desarrollar nuevos sistemas de recaudación directa.
Mientras se definía el texto final, la CGT mantuvo reuniones semanales con la Secretaría de Trabajo. Si bien hubo coincidencias en algunos puntos, no lograron consensuar los cambios más estructurales.
El proyecto retoma el traspaso de los fueros laborales nacionales al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y aclara varios puntos que generaban interpretaciones distintas entre juzgados.
Uno de ellos es que el aguinaldo no integrará el cálculo indemnizatorio, una decisión sustentada por criterios mayoritarios en varias provincias.
La Casa Rosada sostiene que la reforma permitirá aumentar la formalización, agilizar contrataciones y ordenar un sistema con altos niveles de informalidad —especialmente entre jóvenes— y de conflictividad judicial.
Aun así, el Poder Ejecutivo evita proyectar cifras: “No queremos plantear un número que después no se cumpla, pero sí estamos convencidos de que el sector privado va a preferir registrar a su personal”.