En una entrevista contundente con el programa La Verdad los Hará Libres, el abogado y exfuncionario Francisco “Pancho” Guiñazú expresó sin rodeos su profunda preocupación por el estado actual de la justicia en la provincia de San Luis. “Hace más de cuarenta años que camino los tribunales, y nunca vi tanta frustración en los justiciables como hoy”, afirmó con vehemencia.

Reconocido por su trayectoria tanto en el ámbito jurídico como político, Guiñazú advirtió que el sistema judicial provincial atraviesa un proceso de “decadencia constante”, agravado por decisiones erráticas, una estructura desbordada y la falta de control efectivo sobre los jueces.

“Los ciudadanos entran al Poder Judicial sin saber cuándo ni cómo van a salir. A veces, incluso, el juicio dura tanto que el cliente se muere antes de tener sentencia”, lamentó.

“Jueces que legislan, justicia sin oralidad y reformas fallidas”

Guiñazú criticó duramente el rol del Superior Tribunal de Justicia (STJ), a quienes acusó de “legislar mediante acordadas” en lugar de ceñirse a su función de aplicar la ley. “Eso es violatorio del sistema republicano y del control de constitucionalidad. Ningún juez puede legislar, y menos modificar códigos como han venido haciendo. Es una barbaridad”, sentenció.

En esa línea, el abogado también apuntó contra la reforma judicial implementada en 2021 y profundizada en 2023, señalando que “va a contramano de la oralidad” y ha transformado a los jueces en meros “coordinadores administrativos” sin contacto real con las causas.

“La oralidad implica que el juez mire a las partes, vea las pruebas, escuche los argumentos y decida con conocimiento directo. Hoy eso no existe. El juez se entera de una causa cuando va a dictar sentencia. Es un modelo burocrático, alejado de la justicia real”, explicó.

“Tenemos más funcionarios, pero menos justicia”

Según Guiñazú, la justicia sanluiseña sufre una “inflación estructural”: cada vez hay más cargos, más oficinas, más tecnología, pero menos efectividad. “Triplicamos la cantidad de funcionarios judiciales entre 2021 y 2023. Tenemos más tecnología, más personal y más presupuesto que nunca. Sin embargo, el servicio es más lento y más opaco”, afirmó.

El abogado también denunció la proliferación de jueces subrogantes y jueces provisorios como un problema de fondo. “Un juez provisorio no tiene estabilidad ni autoridad. ¿Qué garantías le puede ofrecer al ciudadano? Es una anomalía institucional que se ha vuelto norma”, alertó.

“La ley exige la revalida de los jueces, pero no se cumple”

En otro tramo central de la entrevista, Guiñazú recordó que la ley 615, vigente desde 2008, establece que los jueces deben realizar una reevaluación de su desempeño cada cuatro años. “Esa ley no se cumple. Y para colmo, la propia norma les permite zafar si hacen un cursito o alguna especialización. Resultado: se la pasan de licencia por estudio, y el ciudadano tiene que lidiar con un juez que no está”, criticó.

“Los organismos de control judicial no funcionan”

Consultado por el rol del Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura, el exfuncionario fue categórico: “No están cumpliendo su función. Están cooptados por la representación corporativa y política. Hace falta revisar su integración, su autonomía y su eficacia”.

Asimismo, se mostró escéptico ante la posibilidad de que estas instituciones generen un cambio de fondo: “Solo reaccionan cuando hay escándalos mediáticos. El sistema judicial de San Luis está diseñado para protegerse a sí mismo, no para mejorar”.

“Las reformas no necesitan más cargos, necesitan honestidad intelectual”

Para Guiñazú, el gran problema no es la cantidad de leyes o de funcionarios, sino la falta de una revisión sincera de cómo funciona el sistema judicial. “Hacen reformas con consultores de afuera que no conocen la provincia, gastan millones, y al final no cambian nada. Nadie se sienta a hacer una autocrítica real”, denunció.

Entre sus propuestas concretas, planteó:

• El cumplimiento inmediato de la ley 615 con la revalida obligatoria de jueces.
• La eliminación de los jueces provisorios.
• La creación de más salas de audiencia que faciliten la oralidad y la celeridad de los juicios.
• Una reforma constitucional que revise el funcionamiento del STJ, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento.
• Clarificar los requisitos para ser juez: “Hoy cualquiera con tres años de título puede ser juez, aunque jamás haya litigado. Es ridículo”, remató.

“La justicia se volvió inaccesible”

Guiñazú concluyó su intervención denunciando que el acceso a la justicia también se ha vuelto un problema económico. “Hoy presentar un recurso extraordinario puede costar un millón de pesos. ¿Qué clase de ciudadano puede acceder a eso? Estamos ante una justicia de elite, alejada del pueblo”.

Y cerró con un mensaje directo al Superior Tribunal:
“Me gustaría ver a alguno de ustedes litigar con este sistema. Ir a un juzgado y no saber quién te atiende, ni con quién hablar, ni cuándo te van a resolver. Que vivan en carne propia lo que vivimos los abogados todos los días”.