Recientemente, alzaron su voz en redes sociales para manifestar su firme oposición a la candidatura de Darío Neira, quien, en ese entonces, fungía como jefe de Policía. La familia ha criticado su gestión durante la angustiante búsqueda de Guadalupe, acusándolo de incompetencia y de permitir que factores externos, como supuestos videntes, interfirieran en la investigación. En una sociedad que exige respuestas, la incertidumbre y la falta de acción efectiva pesan como una losa.
Neira, quien colaboró estrechamente con el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá, estuvo al frente de la Policía de San Luis desde diciembre de 2019 hasta marzo de 2023. Su historial reciente no solo es marcado por la vinculación a la desaparición de Guadalupe, sino también por su implicación en otros incidentes trágicos, como las muertes de Florencia Magalí Morales y Franco Maranguello dentro de comisarías durante la pandemia. Sus acciones y decisiones han suscitado un torbellino de críticas y cuestionamientos, convirtiéndolo en una figura controversial en la política local.
La potencial inclusión de Neira en la lista electoral representa más que una ambición política; puede ofrecerle una forma de inmunidad legal. Si logra ser electo, podría eludir responsabilidades en el marco de la investigación federal que sigue abierta en relación con la desaparición de Guadalupe. Esta situación ha generado un amplio rechazo no solo en su propio partido, el Partido Justicialista, sino también dentro de la comunidad afectada, que clama por justicia en un caso que ha dejado cicatrices profundas.
La familia de Guadalupe continúa su lucha, no solo por esclarecer la verdad sobre la suerte de su pequeña, sino también por garantizar que quienes ocupan posiciones de poder sean responsables por sus acciones. En la voz de esta familia resuena el dolor de muchas y su llamado a la acción desafía a una sociedad que debe unirse en la búsqueda de justicia.
