⚖️ El Gobierno avanza con las privatizaciones sin control del Congreso, y crece la tensión política

Mientras el Ejecutivo acelera el proceso de venta de empresas públicas, la comisión bicameral que debería supervisar esas privatizaciones sigue sin funcionar. El tema genera malestar en varios bloques legislativos y suma nuevas tensiones entre el oficialismo, la oposición y las autoridades del Congreso.

Aunque el Congreso ya autorizó al Gobierno nacional a avanzar con la privatización de compañías estatales, la comisión bicameral encargada de controlar y auditar el proceso aún no fue conformada. Y esto no es un detalle menor: ese organismo es clave para transparentar decisiones que impactarán en el futuro de sectores estratégicos del país.

Privatizaciones en marcha

La lista de empresas que el Gobierno busca privatizar incluye a Intercargo, Corredores Viales, AySA, Enarsa, Belgrano Cargas y varias represas del Comahue. A ellas se suman otras compañías autorizadas por la Ley Bases, como Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Trenes Argentinos. La intención oficial es lanzar las licitaciones antes de fin de año.

El encargado de este proceso es Diego Chaher, al frente de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, quien aseguró que “todas están en un grado de avance”, aunque el llamado formal a licitación se concretará en los últimos meses de 2025.

Esta ofensiva privatizadora busca, por un lado, cumplir con metas pactadas con el FMI, y por otro, atraer inversiones, reducir el déficit y enfrentar la escasez de dólares proyectada para el segundo semestre.

La bicameral que no arranca

Pero mientras los decretos se multiplican, el Congreso no avanza con la conformación de la Comisión Bicameral Especial de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, prevista en la ley 23.696.

Esta comisión permitiría a senadores y diputados solicitar información, evaluar oferentes y emitir dictámenes no vinculantes. No tiene poder de veto, pero sí un rol institucional de seguimiento, control y transparencia. Sin embargo, el órgano lleva años inactivo y, según denuncian desde la oposición, el oficialismo intenta mantenerlo así.

“Ya van casi dos años de mora. El bloque oficialista está pidiendo no constituirla por ese temor que a veces tiene el Ejecutivo a que el Congreso funcione plenamente”, advirtió el senador Juan Carlos Romero, aliado del oficialismo, durante la última presentación del Jefe de Gabinete Guillermo Francos.

Por su parte, el diputado Germán Martínez (Unión por la Patria) envió una carta a Martín Menem, presidente de Diputados, solicitando la activación de la bicameral. “No hay nada, reclamé por carta y varias veces en el recinto, pero no tenemos novedades”, dijo.

Desde el Senado también apuntan contra Villarruel. Aunque los nombres de los senadores propuestos por Unión por la Patria ya fueron enviados, aún no fueron formalmente designados. Mientras tanto, el tiempo corre y las privatizaciones avanzan sin control legislativo.

Rechazos y denuncias

Las críticas a las privatizaciones no vienen solo del kirchnerismo. Desde Encuentro Federal, el diputado Nicolás Massot cuestionó el proceso de venta de AySA por la falta de criterios claros y posibles direccionamientos. “Cuando conviene se prohíben empresas estatales extranjeras en licitaciones, y cuando no, se las permite”, señaló en redes sociales.

Victoria Tolosa Paz, también diputada de UP, presentó un proyecto para frenar la privatización de AySA. Argumenta que “cumple un rol esencial para la salud de 15 millones de personas del AMBA” y que venderla sería violar convenios y leyes vigentes.

La controversia también gira en torno a la participación de empresas extranjeras asociadas a grupos locales vinculados al oficialismo. Según publicó el sitio LPO, una compañía de agua israelí estaría entre las interesadas en quedarse con AySA, lo que alimenta las sospechas de licitaciones direccionadas.

Lo que viene

Tras el receso de invierno, la presión para activar la bicameral se intensificará. Con varios procesos privatizadores en marcha, los legisladores deberán definir si acompañan la estrategia del Ejecutivo o si insisten con reactivar los mecanismos de control que la ley establece.

En este escenario, se pone en juego mucho más que la venta de empresas: se discute cómo se toman las decisiones de fondo en la Argentina y si los representantes del pueblo tienen o no un rol real en ese proceso.

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