
El proyecto que impulsa el Consejo de Mayo mantiene la indemnización por despido, pero propone cambios en convenios colectivos, salarios variables y la reglamentación del derecho de huelga. La iniciativa genera tensiones con la CGT, que anticipó su rechazo a los principales ejes del plan.
Fuentes del Consejo de Mayo confirmaron que la reforma laboral aún se encuentra en revisión y que será presentada formalmente a mediados de diciembre. El texto se elabora bajo la coordinación del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y del equipo del Ministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello y Julio Cordero.
El proyecto ratifica la indemnización por despido equivalente a un mes por año trabajado, sin topes máximos. “Cero perjuicio al trabajador”, aseguraron en el Consejo. Además, contempla la posibilidad de fondos de cese laboral o seguros privados, de adhesión voluntaria, como alternativas complementarias para empleadores.
La reforma propone limitar la ultraactividad automática de los convenios colectivos, es decir, su vigencia indefinida hasta ser reemplazados. Solo se mantendrán las cláusulas normativas (condiciones de trabajo), mientras que las obligacionales caducarán al vencer el convenio.
Otro punto central es la prioridad de los acuerdos por empresa sobre los convenios de actividad, lo que descentraliza el poder de negociación sindical y fortalece a las comisiones internas. Desde la CGT, liderada por Gerardo Martínez (UOCRA), rechazaron esta orientación por considerarla una pérdida de representatividad.
El texto también busca regular el derecho de huelga en servicios esenciales, estableciendo mínimos de cobertura del 75 % en sectores críticos y del 50 % en servicios trascendentales.
Además, limita las cuotas solidarias —aportes compulsivos a los sindicatos de trabajadores no afiliados—, un tema que genera fuerte resistencia gremial. Según el Gobierno, solo podrán descontarse con consentimiento expreso del trabajador.
La iniciativa incorpora el concepto de salarios dinámicos o variables, vinculados a la productividad y a la situación económica de cada empresa. El objetivo, según el Consejo, es incentivar la formalidad y adaptar los ingresos a los resultados sin afectar los mínimos legales.
También se habilita el banco de horas y la posibilidad de calcular la jornada laboral por promedios semanales, dentro de los límites legales. En cuanto a las vacaciones, se permitirá el fraccionamiento en períodos de al menos siete días, por acuerdo entre las partes.
El proyecto delimita el alcance de la Ley de Contrato de Trabajo, excluyendo la administración pública, el trabajo agrario, las casas particulares y las plataformas digitales. Además, prevé la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como único registro laboral para reducir trámites y costos administrativos.
La propuesta incluye un capítulo sobre formación profesional y actualización de competencias, con el objetivo de mejorar la empleabilidad y la productividad en línea con los cambios tecnológicos.
Con estas medidas, el Gobierno busca modernizar el sistema laboral argentino, reducir la litigiosidad y promover la inversión, mientras los gremios anticipan una fuerte resistencia en defensa de los derechos adquiridos.