
Con el impulso del reciente respaldo electoral, el Gobierno nacional volvió a poner sobre la mesa la reforma laboral, uno de los temas más esperados dentro de su agenda económica.
El proyecto, impulsado por la diputada Romina Diez, se presentará bajo el título de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo y busca modernizar las relaciones laborales para dinamizar la economía, generar empleo formal y atraer nuevas inversiones.
La iniciativa, acompañada por legisladores de distintos bloques, plantea flexibilizar contratos, actualizar convenios colectivos y reducir la carga sobre las empresas, especialmente las pymes, mediante beneficios fiscales y nuevas modalidades de contratación.
Entre las modificaciones más importantes, el texto propone:
También se incorpora la posibilidad de que las convenciones colectivas adapten regímenes de horas extras, bancos de horas o francos compensatorios, manteniendo un mínimo de 12 horas de descanso entre jornadas.
El proyecto mantiene los plazos de licencia por enfermedad —de tres o seis meses según la antigüedad— y los amplía a seis o doce meses para trabajadores con carga de familia.
Además, incorpora un sistema de verificación médica supervisado por el Ministerio de Capital Humano, con controles y sanciones a profesionales en caso de irregularidades.
En cuanto a la conservación del empleo, el empleador deberá mantener el puesto durante un año tras el vencimiento del período de interrupción por enfermedad.
Si el trabajador no se reincorpora, cualquiera de las partes podrá extinguir la relación sin indemnización.
Respecto a las indemnizaciones, las pymes podrán abonarlas en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas, una medida que busca reducir los costos de desvinculación y promover la formalidad laboral.
Uno de los capítulos más destacados es el de incentivos al empleo.
Se propone la creación de bonos de crédito fiscal para las empresas que incorporen nuevos trabajadores en los primeros 18 meses de vigencia de la ley:
El beneficio será aplicable durante un año, siempre que las nuevas contrataciones representen un aumento neto del personal.
En el ámbito agrario, se redefine el alcance del régimen legal, excluyendo a quienes desarrollen actividades industriales, turísticas o comerciales.
Se mantiene la responsabilidad solidaria de las empresas usuarias respecto de los trabajadores proporcionados, pero se excluye a los propietarios que arrienden tierras no productivas.
Por otro lado, el proyecto limita los intereses en créditos laborales y fija un tope al pacto de cuota litis en juicios del trabajo, estableciendo que los honorarios no podrán superar el 20% del monto obtenido.