La polémica en torno al Hospital Garrahan sumó un nuevo capítulo. A pocos días de que la Cámara de Diputados busque revertir el veto presidencial a la ley de emergencia pediátrica, los trabajadores del hospital denunciaron que el Consejo de Administración, que responde al ministro de Salud Mario Lugones, mantiene en un fondo común de inversión (FCI) del Banco Nación más de $40.000 millones, equivalentes a casi un 25% del presupuesto total de la institución.
La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Garrahan reveló que el dato surge del balance financiero 2024, en el que consta que el monto, junto con los intereses, superaba los $44.000 millones al 31 de diciembre del año pasado.
“Son estos funcionarios que nos dicen que no hay plata y que somos ñoquis. Esa plata tendría que ir a infraestructura y a mejorar nuestros salarios”,
denunció Norma Lezama, secretaria general de la APyT.
De acuerdo con el gremio, el dinero proviene de la recaudación del tercer pagador, es decir, de lo que el hospital cobra a obras sociales y prepagas por las prestaciones. Esa recaudación representa alrededor del 35% de las prácticas médicas realizadas y, según Lezama, debería destinarse a mejorar las condiciones edilicias y al ítem salarial conocido como “recursos genuinos”.
La situación salió a la luz tras un pedido de información pública de la diputada Victoria Tolosa Paz, quien apuntó contra la administración:
“¿Qué hicieron con el superávit del Garrahan? Lo metieron íntegro en un fondo de inversión. Le quitaron recursos propios y se lo llevaron a la cuenta de inversión del Nación”,
afirmó la legisladora.
Los trabajadores pidieron explicaciones al director médico Mariano Pirozzo y a la consejera administrativa Mariel Sánchez sobre el destino de los fondos.
La denuncia se produce en un momento de alta tensión entre el Gobierno y la oposición por la emergencia pediátrica. El presidente Javier Milei vetó la ley que buscaba reforzar el presupuesto hospitalario, argumentando que implicaría un alto costo fiscal y pondría en riesgo la meta de déficit cero.
Sin embargo, sindicatos, rectores universitarios y opositores aseguran que el ajuste está golpeando directamente a áreas sensibles como la salud pública. La administración del hospital depende de Mario Lugones, considerado uno de los ministros más cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, lo que agrega un componente político a la controversia.
Los gremios del Garrahan evalúan nuevas medidas de fuerza y podrían sumarse a la Marcha Federal Universitaria y Sanitaria, que se organiza para el día en que el Congreso trate la insistencia en la ley vetada.
La situación podría convertirse en un nuevo foco de conflicto para el Gobierno en la previa de las elecciones de octubre, en un contexto de caída en la imagen presidencial y malestar social por el ajuste.