⚖️ La Justicia cree que las coimas en la ANDIS no son un hecho aislado: hablan de un “modus operandi” en el gobierno de Milei

La investigación por los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), está abriendo un panorama mucho más amplio que un caso puntual de corrupción. En Comodoro Py ya circula una hipótesis cada vez más firme: las presuntas coimas detectadas en el organismo no serían un hecho aislado, sino parte del “modus operandi” de la corrupción dentro del gobierno de Javier Milei.

El expediente, a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, se encuentra bajo secreto de sumario, pero fuentes judiciales aseguran que el mecanismo de recaudación ilegal se habría replicado en otras áreas sensibles del Estado.

Un mecanismo aceitado de recaudación

De acuerdo con los investigadores, el sistema consistía en direccionar licitaciones públicas —en este caso de medicamentos— a empresas amigas, a cambio de retornos que terminarían en manos de la familia Menem y de la propia Karina Milei, señalada como jefa política de la estructura. El presidente, según la sospecha judicial, habría elegido mirar para otro lado pese a las advertencias del propio Spagnuolo.

El propio Milei pareció alimentar esa versión con una declaración ambigua en un acto en Junín:

“Están molestos porque les estamos afanando los choreos”.

Cajas de seguridad y sospechas en Nordelta

Ante la magnitud del caso, el fiscal Picardi pidió a Casanello que se bloqueen las cajas de seguridad bancarias de Spagnuolo, de su segundo en la ANDIS, Daniel Garbellini, y de los empresarios Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, principal beneficiaria de las contrataciones.

Los allanamientos avanzaron con rapidez inusual para los tiempos de Comodoro Py, pero sin ordenar detenciones inmediatas, una decisión estratégica para evitar que camaristas afines al oficialismo intenten apartar a Casanello de la causa.

Sin embargo, hubo un episodio que generó fuerte indignación en la fiscalía: la seguridad privada de Nordelta habría entorpecido un operativo judicial, lo que habría dado tiempo a Jonathan Kovalivker para mover pruebas y vaciar cajas de seguridad. Por ese motivo, el juez evalúa procesar al jefe de Seguridad del country, Ariel De Vincentis.

“Estamos hartos de que vigilantes de los countrys avisen antes a los implicados para que oculten pruebas”, se quejó un investigador judicial.

Los dispositivos electrónicos, en la mira

En los procedimientos, la Justicia secuestró teléfonos celulares y computadoras de los principales acusados. Solo Garbellini entregó las claves de sus dispositivos. En cambio, Jonathan Kovalivker entregó el teléfono pero se negó a facilitar la contraseña. Según especialistas informáticos judiciales, aun así será posible determinar si borró archivos comprometedores.

Un crecimiento explosivo bajo Milei

Uno de los puntos que más preocupa a los investigadores es el exponencial crecimiento de los contratos con la droguería Suizo Argentina desde la llegada de Milei al poder. Según datos publicados por La Nación, las contrataciones pasaron de $3.900 millones en 2024 a $108.000 millones en 2025, un salto que la Justicia ya investiga como parte del esquema de retornos.

Antecedentes y credibilidad judicial

Aunque el oficialismo ya prepara una estrategia para acusar a Casanello y Picardi de “kirchneristas”, lo cierto es que ambos magistrados cuentan con antecedentes de independencia:

• Casanello fue nombrado durante el gobierno de Cristina Kirchner, pero procesó a Julio De Vido y empresarios vinculados al kirchnerismo.
• Picardi, que fue funcionario del Ministerio de Justicia, también investigó al macrismo en la causa de espionaje ilegal y el soterramiento del Sarmiento.

Esto refuerza la idea de que el avance judicial no responde a alineamientos partidarios, sino a la gravedad de las pruebas recolectadas.

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👉 La sospecha de los investigadores es clara: lo ocurrido en la ANDIS no sería un caso aislado, sino la punta de un iceberg que puede exponer el funcionamiento interno de un sistema de corrupción extendido en varias áreas del Estado nacional.