En plena campaña electoral y con números en rojo, YPF destinó en el primer semestre de 2025 casi 50 millones de dólares a publicidad oficial, un 40% más que en el mismo período del año pasado.
El incremento ocurre mientras la Cámara de Apelaciones de Nueva York evalúa si mantiene suspendida la orden de la jueza Loretta Preska que obliga a Argentina a entregar acciones de la petrolera al fondo buitre Burford, en el marco de la demanda por USD 16.000 millones.
El ex viceprocurador Sebastián Soler explicó que sería razonable que la Cámara mantenga la suspensión, dado que se analiza si la inmunidad soberana de EE.UU. impide una medida inédita en ese país. Sin embargo, advirtió que no se descarta que el caso vuelva a Preska para una resolución menos extrema.
El último balance de YPF dejó señales de alerta:
En este contexto, especialistas advierten que el fuerte gasto en publicidad podría ser usado por Burford para argumentar que YPF actúa como “alter ego” del Estado, lo que favorecería su estrategia judicial.
Según trascendió, la asignación publicitaria es controlada por Santiago Caputo, con el visto bueno del vicepresidente de YPF, Guillermo Garat. De esta manera, el Gobierno evita publicar datos de distribución, ya que la petrolera se presenta como una “empresa privada”, pese a que sus autoridades son designadas por el Ejecutivo.
La controversia no sólo se centra en el impacto fiscal y empresarial, sino también en cómo esta decisión podría debilitar la posición argentina ante la justicia estadounidense, en un caso que tiene en juego miles de millones de dólares y el control de activos estratégicos.