El avance de la investigación por el fentanilo contaminado que provocó la muerte de casi un centenar de pacientes dejó un dato contundente: los principales responsables ya están tras las rejas. Entre ellos se encuentra Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y figura central de un conglomerado farmacéutico que construyó poder entre negocios, vínculos políticos y denuncias judiciales.
El empresario, que anoche fue ingresado al penal de Ezeiza, ya tenía antecedentes: en 2002 había sido condenado a siete años de prisión por homicidio en grado de tentativa, tras prender fuego a un empleado de su restaurante. En la cárcel se recibió de abogado y defendió incluso a criminales célebres.
Hoy, la Justicia lo señala como responsable de elaborar lotes de fentanilo contaminados con bacterias letales, vinculados a la muerte de al menos 96 personas.
El juez federal Ernesto Kreplak ordenó la captura de casi toda la familia de García Furfaro, señalada como parte del entramado empresarial:
Los cinco fueron detenidos en sus domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y quedaron a disposición de la Justicia.
La historia de García Furfaro comenzó en una verdulería familiar en Flores. Desde allí, y con el tiempo, expandió su influencia hasta convertirse en proveedor de medicamentos para 16 provincias argentinas y varios municipios bonaerenses.
En 2020 tuvo incluso un rol público: fue parte de la delegación oficial que viajó a Rusia para negociar la llegada de la vacuna Sputnik V durante el gobierno de Alberto Fernández. Su nombre también apareció en fotos en el Instituto Patria, en encuentros con Cristina Kirchner.
Pese a negar vínculos con el kirchnerismo, los registros muestran conexiones políticas y comerciales con distintas administraciones.
Además del clan familiar, la PSA y Gendarmería Nacional detuvieron a directivos y responsables técnicos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo:
El caso del fentanilo no es el único frente abierto. García Furfaro también fue procesado por contrabando millonario de insumos desde China, con maniobras de sobrefacturación por más de 5 millones de dólares. Además, la ARCA lo denunció por presunto lavado de dinero.
La fiscal María Laura Roteta describió el expediente como un caso de “criminalidad compleja”, con graves falencias en los procesos de producción de los laboratorios. El Instituto Malbrán confirmó la contaminación de los lotes N° 31.202 y 31.244, que fueron distribuidos en todo el país.
El escándalo deja al descubierto las complicidades políticas, empresariales y regulatorias que permitieron que los medicamentos contaminados llegaran a hospitales y clínicas.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró los operativos con un mensaje directo:
“Se acabó la impunidad: ahora deberán responder ante la Justicia, frente a las familias y a toda la sociedad”.
Mientras tanto, la investigación recién comienza a desentrañar la magnitud de un esquema que expuso a miles de pacientes a un riesgo sanitario sin precedentes en la Argentina.