El oficialismo no logró avanzar esta semana con el dictamen del Súper RIGI en el Senado y postergó la definición para la próxima semana. Los bloques aliados reclamaron modificaciones al proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General pasó a un cuarto intermedio el 2 de septiembre. La Libertad Avanza todavía no reunió las firmas necesarias para habilitar el tratamiento en el recinto.
Entre los cambios aceptados se incorporaron exigencias para los proyectos de alto consumo energético, como los centros de datos, que deberán prever sistemas propios de abastecimiento cuando puedan afectar el servicio de la zona. También se discuten mayores obligaciones para contratar proveedores locales.
El Súper RIGI propone beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros para inversiones de al menos 1.000 millones de dólares en nuevas industrias. El texto contempla una alícuota del 15% en el impuesto a las Ganancias, amortización acelerada y estabilidad normativa por 30 años.
La iniciativa fue aprobada por Diputados el 24 de junio, con 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones. Como el Senado analiza modificaciones, el proyecto debería regresar a la Cámara baja para su sanción definitiva si obtiene respaldo en el recinto.
El Gobierno también enfrenta dificultades para avanzar con otros proyectos, entre ellos la reforma electoral, la eliminación de las PASO, la modificación de la Ley de Salud Mental y las leyes de sociedades y carbono, según un relevamiento publicado por Infobae.
Lo que hay que saber
- El Senado postergó el dictamen del Súper RIGI por falta de acuerdos.
- Los bloques aliados reclaman cambios en proveedores locales y abastecimiento energético.
- El proyecto ya fue aprobado por Diputados y contempla inversiones desde 1.000 millones de dólares.
- Si el Senado modifica el texto, deberá volver a la Cámara de Diputados.
La demora refleja la necesidad del oficialismo de negociar iniciativa por iniciativa con el PRO, sectores de la UCR, Provincias Unidas y otros bloques dialoguistas. En paralelo, la cercanía del calendario electoral de 2027 suma presión a las discusiones entre el Gobierno nacional y los representantes de las provincias.
