El endeudamiento rural y el costo del financiamiento aparecen entre los desafíos del agro brasileño ante el nuevo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Un informe de la consultora Cogo Inteligência em Agronegócio, divulgado por Exame, advierte que los costos de producción y el crédito caro pueden limitar los márgenes del sector.
El Tribunal Superior Electoral de Brasil confirmó la reelección de Lula el 25 de octubre. Obtuvo el 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro.
Según los datos de Cogo publicados por Exame, el crédito rural reúne 205.000 millones de reales en operaciones problemáticas. La cifra no significa que todo ese monto esté en mora, aclaró el medio. La consultora también señaló que la suba de los costos y las tasas de interés puede complicar la recuperación financiera de parte de los productores.
El análisis de Cogo plantea que un dólar más alto podría aumentar los ingresos en reales de quienes venden soja y maíz, pero también encarecer insumos importados o vinculados al mercado externo. Por eso, una mayor facturación no implica necesariamente una mejora de la rentabilidad.
Entre las medidas que la consultora identifica como demandas del sector están la reestructuración de deudas, con plazos más largos y períodos de gracia, y propuestas de securitización y de un fondo de garantías para el crédito rural, en especial para pequeños y medianos productores. Son propuestas mencionadas en el informe, no medidas anunciadas por el Gobierno.
Lo que hay que saber
- El Tribunal Superior Electoral confirmó la reelección de Lula el 25 de octubre, con el 51,79% de los votos válidos.
- Cogo reportó 205.000 millones de reales en operaciones problemáticas de crédito rural; el monto no equivale íntegramente a deuda en mora.
- La consultora señaló que el crédito caro y los costos pueden presionar los márgenes, y enumeró propuestas de reestructuración de deudas.
El análisis de Cogo se refiere a los posibles efectos económicos sobre el agro durante el nuevo mandato y no detalla decisiones oficiales ya adoptadas para atender el endeudamiento rural.
