La Casa Rosada atraviesa horas de tensión tras la filtración de audios que comprometen a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que mencionan supuestas coimas con vínculos directos al corazón del poder libertario.
El protagonista del caso es Diego Spagnuolo, abogado, amigo personal de Javier Milei y hasta hace poco titular de la ANDIS, quien en las grabaciones asegura que existieron maniobras de corrupción dentro del organismo.
En el Gobierno prefieren moverse con cautela: todavía no fijaron una estrategia pública y aguardan las decisiones de la Justicia. El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi ya avanzaron con allanamientos y podrían llamar a indagatoria a Spagnuolo en los próximos días.
Mientras tanto, en Balcarce 50 solo se concretó el desplazo de Spagnuolo, aclarando que será “hasta que se esclarezcan los hechos”.
Entre las opciones en estudio está incluso denunciar al ex funcionario por no haber realizado una presentación judicial formal, a pesar de las acusaciones que reveló en privado.
El tema se trató en una reunión reservada de la que participaron Javier Milei, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, Santiago Caputo y el vocero Manuel Adorni.
Por ahora, la orden es guardar silencio. Adorni canceló su programa semanal, y en redes sociales los referentes libertarios también eligieron callar. “Estamos callados porque nadie sabe qué pasó, Diego no le responde a nadie”, admitió un funcionario.
El único que habló públicamente fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien deslizó: “Si un funcionario acusa a otro de pedir coimas, debería haber hecho la denuncia en la Justicia”.
En el oficialismo circula la versión de que todo se trata de una “operación política”, aunque por ahora nadie se atreve a señalar responsables.
El caso golpea de lleno a los hermanos Menem, en especial a Lule, mencionado por nombre y apellido en los audios como presunto recaudador de sobornos. Aun así, en la Rosada buscan evitar internas: “Esto afecta al Gobierno entero, sin matices”, señaló un dirigente libertario.
La investigación, impulsada a partir de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, apunta a delitos graves: cohecho, fraude, negociaciones incompatibles, violación a la ley de ética pública y asociación ilícita.
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