Vamos a profesionalizar el gobierno y priorizar la idoneidad en la gestión pública.

Cuando Claudio Poggi presentó su plan de gobierno en abril de 2023, incluyó dentro del eje de fortalecimiento institucional la “profesionalización de idoneidad gubernamental”. Esa formulación no fue casual: venía precedida por una narrativa que ya había desarrollado en 2022, cuando lanzó el seminario “Capacitarse para gobernar” y sostuvo que no se podía llegar improvisado al Estado y que quien asumiera responsabilidades públicas debía hacerlo preparado y con idoneidad. 

Ya como gobernador, Poggi tradujo esa idea en un discurso político más directo. En su mensaje de asunción de diciembre de 2023 prometió desterrar el acomodo por encima del mérito, definió al Estado como algo distinto de “una guarida de amigos” y afirmó que se había terminado la etapa de funcionarios sin cercanía, sin empatía y sin idoneidad. Ese discurso fijó un estándar político claro: menos amiguismo y más mérito en el ejercicio de la función pública. 

En los hechos, una de las primeras medidas alineadas con esa promesa fue la anulación de 188 recategorizaciones políticas de exfuncionarios de la gestión anterior. El Gobierno informó que esas subas habían sido otorgadas un mes antes de terminar el mandato y que implicaban ascensos al regresar al escalafón general. La decisión tuvo un sentido institucional y también simbólico: marcar distancia con prácticas asociadas al privilegio político en la administración pública. 

Otro paso concreto fue la sanción de la llamada Ley de Narcotest para funcionarios de los tres poderes, aprobada en noviembre de 2024 e implementada desde 2025. La norma dispuso exámenes toxicológicos obligatorios, anuales y aleatorios, realizados por instituciones públicas no dependientes del Ejecutivo provincial. El oficialismo defendió la medida como una herramienta de ejemplaridad, coherencia e integridad en el ejercicio de la función pública, y en 2026 el universo alcanzado se amplió a 12.200 personas entre funcionarios, personal de seguridad y trabajadores de salud. 

También hubo avances relevantes en sectores puntuales del Estado. En educación, Poggi firmó en junio de 2024 el decreto para iniciar concursos de cargos jerárquicos, presentados como una forma de dar legitimidad a los equipos de conducción escolar y mejorar el sistema. En la apertura de sesiones de 2026 informó que el proceso iniciado en 2024 se había completado en 2025, con capacitación, evaluación psicológica, examen escrito y defensa de proyectos ante jurado calificado. 

En el plano institucional más amplio, la propuesta de reforma constitucional de 2026 sumó otro elemento vinculado a la idoneidad: el Ejecutivo planteó que el orden de mérito del Consejo de la Magistratura sea vinculante para la selección de jueces, fiscales y defensores, de modo que el gobernador deba proponer al postulante mejor calificado salvo razones fundadas. Es una señal consistente con la lógica anti-amiguismo, aunque por ahora sigue siendo una iniciativa en trámite y no una transformación consumada.