Modernizar el Estado con un gobierno abierto, menos burocracia y más digitalización.

En campaña, Claudio Poggi prometió modernizar el Estado con un gobierno abierto, menos burocracia y más digitalización. La propuesta reunía tres ideas distintas pero conectadas entre sí: simplificar trámites, mejorar la relación entre cinía y administración pública, y avanzar hacia una estructura estatal más interoperable y menos analógica.

En la gestión, la parte más verificable de ese compromiso aparece en la agenda tecnológica. La documentación presupuestaria de 2026 de la Agencia de Ciencia y Tecnología expone proyectos concretos vinculados con identidad digital, interoperabilidad entre organismos y sistemas de autenticación y firma electrónica desde dispositivos móviles.

Entre esos desarrollos oficiales figuran herramientas como CIPE, X-Road y Remote-ID, presentadas como mecanismos para evitar duplicación de datos, reducir fricción administrativa y permitir que el Estado pida información una sola vez. En términos de arquitectura institucional, ese material muestra que existe una decisión de avanzar en digitalización y simplificación.

La gestión también volvió a utilizar, desde el discurso oficial, la idea de continuidad de San Luis Digital y la necesidad de ordenar los procesos administrativos bajo una lógica más moderna. Eso refuerza la impresión de que el Gobierno tomó el tema como una línea real de trabajo y no solamente como una consigna de campaña.

Pero la promesa original no se agotaba en desarrollar plataformas tecnológicas. También hablaba de gobierno abierto y de menos burocracia en sentido amplio. A abril de 2026, la evidencia disponible muestra inversión y diseño institucional, aunque no permite medir de manera concluyente cuánto impacto transversal tuvieron esas herramientas en todos los organismos ni qué reducción efectiva de burocracia lograron.

Por eso, desde una mirada periodística, la promesa debe evaluarse como parcialmente cumplida. Hay avances concretos en digitalización e interoperabilidad, pero todavía no hay elementos suficientes para sostener que el Estado provincial ya funciona, en términos plenos, como un gobierno abierto y sustancialmente menos burocrático.