El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió profundizar su política de absorción de pesos en un momento de fuerte tensión política y financiera. Con la suba de 3,5 puntos porcentuales en los encajes bancarios, los bancos se vieron obligados a mejorar la rentabilidad ofrecida a los ahorristas, llevando las tasas de los plazos fijos tradicionales por encima del 50% en algunos casos y empujando la tasa TAMAR, destinada a grandes depósitos superiores a $1.000 millones, a superar el 60% anual.
La medida generó una fuerte competencia entre entidades financieras para captar la liquidez de las empresas y grandes inversores, que en las últimas semanas vienen abandonando posiciones en bonos en pesos para refugiarse en instrumentos de corto plazo. Entre las alternativas más buscadas aparecen las cauciones bursátiles a un día y los plazos fijos de 30 a 60 días, considerados más seguros en medio de la incertidumbre.
La puja por estos fondos refleja la estrategia oficial: retirar pesos del mercado y forzar a los bancos a volcarse a la licitación de títulos públicos que realizará el Tesoro. Estos papeles podrán ser utilizados por las entidades para cumplir con los nuevos requisitos de encajes, lo que aumenta la presión para que financien directamente al Estado.
El movimiento del Central se produce en paralelo al temblor político desatado por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que denunciaron un presunto sistema de coimas en la compra de medicamentos. Si bien el escándalo tuvo un fuerte impacto en la agenda política, los mercados reaccionaron con cierta calma: las acciones argentinas en Wall Street rebotaron hasta un 4% después del derrumbe del lunes, aunque el riesgo país se mantuvo elevado, en torno a los 800 puntos básicos.
El Gobierno busca que esa crisis no se traslade al frente cambiario, donde se concentra su principal objetivo: mantener bajo control el precio del dólar. Ayer, la divisa oficial cerró estable en $1.370, aunque los analistas anticipan más presiones en los pocos días hábiles que restan de agosto. En los mercados de futuros, muchos inversores apuestan a que el Central se verá obligado a convalidar una corrección del tipo de cambio a fin de mes, lo que podría generar pérdidas adicionales a la autoridad monetaria, que ya mantiene una posición vendida superior a los USD 3.000 millones.
El escenario económico y financiero está estrechamente vinculado con el proceso electoral. El 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires elegirá autoridades, en una votación que se considera clave para medir la fortaleza política de La Libertad Avanza.
“Una derrota por menos de 5 puntos en el bastión kirchnerista sería un buen escenario para el Gobierno, porque quedaría bien posicionado para las legislativas de octubre”, analizó Leo Chialva, director de Delphos Investment.
El especialista sostuvo además que, con las fuertes bajas acumuladas en los ADR argentinos —que retrocedieron hasta un 50% en lo que va del año— y la debilidad de los bonos, “ya se descuenta un escenario muy negativo, en el que el kirchnerismo se fortalece. No creo que sea el caso, y por eso pueden aparecer oportunidades para quienes estén dispuestos a asumir riesgo”.
En definitiva, la política económica del BCRA está totalmente orientada a secar la plaza de pesos y evitar cualquier salto brusco en la cotización del dólar en la previa electoral. Pero el esfuerzo tiene costos: tasas de interés más altas que encarecen el crédito, obligan a los bancos a competir agresivamente y trasladan la tensión a otros sectores de la economía.
Lo que ocurra en las próximas semanas dependerá no solo de la habilidad del Central para sostener su estrategia, sino también de la evolución de la crisis política que golpea al oficialismo y de la señal que emitan las urnas en la provincia de Buenos Aires.