Eliminar los cinco impuestos considerados más distorsivos de la Argentina podría demandar nueve años, incluso bajo un escenario de crecimiento sostenido y fuerte disciplina fiscal, según una estimación del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
El cálculo supone que la economía y la recaudación crecerían 5% anual, mientras que el gasto avanzaría apenas 1,2% por año. La proyección fue difundida en un análisis sobre el margen del Gobierno para continuar reduciendo impuestos durante 2026.
Los tributos identificados por el Iaraf son los derechos de exportación, el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, Ingresos Brutos, el Impuesto a los Sellos y la Tasa de Seguridad e Higiene municipal. En conjunto, representan alrededor del 8% del Producto Bruto Interno.
El presidente del Iaraf, Nadin Argañaraz, advirtió que la magnitud de esa recaudación limita la velocidad de cualquier reforma. También señaló que las provincias y los municipios tendrían escaso margen para reducir sus impuestos sin un acuerdo fiscal y sin una mejora previa de sus ingresos.
El debate está condicionado por el objetivo fiscal del Gobierno. El Presupuesto 2026 prevé un superávit primario equivalente al 1,5% del PBI, por encima del resultado de 2025. Economistas consultados por LA NACION remarcaron que una baja tributaria implica resignar recursos o compensarlos con mayor recaudación y una reducción adicional del gasto.
Entre las alternativas planteadas por especialistas aparecen la sustitución de Ingresos Brutos por un impuesto menos distorsivo, la reducción gradual de las retenciones y cambios en el impuesto al cheque. Cualquier modificación requeriría coordinación entre la Nación, las provincias y los municipios.
En mayo de 2026, el Fondo Monetario Internacional también recomendó una reforma integral del sistema tributario argentino. Entre sus propuestas incluyó alinear la carga efectiva y las contribuciones sociales del monotributo con el régimen general, además de reducir las diferencias entre asalariados, autónomos y monotributistas con ingresos similares.
Según el análisis del FMI, esos cambios podrían aportar entre 0,4% y 1% adicional del PBI. El organismo consideró que una reforma integral podría generar ingresos de hasta 3,3% del PBI y señaló que el Gobierno se comprometió a presentar una propuesta antes de fin de 2026.
