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San Luis aprueba exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios de los tres poderes del Estado

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Este martes, la Cámara de Senadores de San Luis aprobó por unanimidad la ley de Ejemplaridad y Coherencia en la Lucha contra el Narcotráfico, conocida como “Narcotest”, que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos anuales y aleatorios para funcionarios de los tres poderes del Estado. La ley, impulsada por la diputada Marisa Patafio y respaldada por el gobernador Claudio Poggi, busca asegurar que los funcionarios públicos tomen decisiones libres de influencias externas.

Detalles de la nueva normativa

La medida incluye a todos los funcionarios, desde el gobernador hasta legisladores, jueces y jefes de organismos descentralizados. Los exámenes se realizarán en instituciones públicas independientes del Estado provincial para garantizar transparencia. Si se detecta el consumo de sustancias ilegales, se aplicarán medidas que pueden incluir la suspensión o el cese del cargo.

Justificación y contexto de la ley

El senador Sergio Guardia destacó la importancia de esta ley para asegurar la responsabilidad y transparencia de los funcionarios, especialmente en la lucha contra el narcotráfico, uno de los ejes centrales de la gestión de Poggi. La normativa también cuenta con precedentes en otras provincias, como Tucumán y Tierra del Fuego, y sigue la línea de ordenanzas similares implementadas en localidades como Villa Mercedes.

Resultados de la lucha contra el narcotráfico en San Luis

La ley complementa los esfuerzos del Ministerio de Seguridad en la lucha contra el narcotráfico, que reporta un aumento significativo en incautaciones de drogas y detenciones durante el último año. Entre diciembre de 2023 y octubre de 2024, se quintuplicaron las incautaciones de marihuana, alcanzando 68.575 kilos, y se duplicaron las de cocaína, con un total de 8.625 kilos, además de otros activos relacionados con el tráfico de drogas.

La implementación de esta ley subraya el compromiso de San Luis en la lucha contra el narcotráfico y la promoción de una administración pública transparente y comprometida con el bienestar de sus ciudadanos.

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