Vamos a fortalecer las instituciones.

Cuando Claudio Poggi presentó en abril de 2023 su plan de gobierno, ubicó al fortalecimiento institucional como el primer eje de su propuesta. No lo planteó como una consigna aislada: lo vinculó de manera explícita con previsibilidad, transparencia y finanzas sanas, tres conceptos que buscaban diferenciar su oferta electoral de la etapa final del gobierno anterior. 

Ya en ejercicio del poder, el mandatario volvió a colocar ese objetivo en el centro de su narrativa oficial. En la apertura de sesiones de 2024 definió como uno de los cuatro ejes de su administración “recuperar y fortalecer la institucionalidad en San Luis”, y pocos meses después sostuvo que la provincia arrastraba una “baja calidad institucional”, con déficits en división de poderes, autonomía municipal, seguridad jurídica, publicidad de los actos de gobierno y reglas de juego estables. 

Desde esa perspectiva, el principal avance verificable se dio en el plano político-electoral. En diciembre de 2024 quedó promulgada la ley de actualización del sistema electoral, que eliminó la Ley de Lemas e incorporó la Boleta Única de Papel. La norma fue presentada por el oficialismo como una herramienta para simplificar el voto, reducir distorsiones y recuperar la confianza en las instituciones. 

En el frente fiscal, la gestión buscó mostrar una señal de previsibilidad. El proyecto de Presupuesto 2025 fue enviado a la Legislatura con equilibrio entre ingresos y egresos, sin previsión de endeudamiento, y el Ejecutivo atribuyó esa meta a una política de austeridad y a una reducción del 35% de la planta política. Hacia fines de 2024, además, Poggi afirmó que la provincia había logrado salir del déficit fiscal heredado. 

También hubo gestos en materia de apertura institucional. El portal oficial del Gobierno exhibe un acceso específico a “Transparencia Fiscal” y a una biblioteca de datos abiertos, lo que representa un cambio en la disponibilidad pública de información presupuestaria y administrativa. Sin embargo, la transparencia no puede medirse sólo por la existencia de portales: en julio de 2024 la Defensoría del Pueblo advirtió fallas en la aplicación de la ley de acceso a la información pública y señaló que apenas el 34% de las notas enviadas a distintas áreas del Gobierno había recibido respuesta inicial. 

El otro gran movimiento institucional llegó en 2026, cuando Poggi anunció una reforma constitucional orientada, según el discurso oficial, a “apuntalar la institucionalidad en los tres poderes del Estado”. Entre los puntos planteados aparecen límites más estrictos a la reelección del gobernador, ampliación del período de sesiones legislativas y otros cambios de arquitectura institucional. Pero, al momento de este análisis, esa reforma sigue siendo una iniciativa en curso y no un resultado consolidado.