A pocas horas de avanzar con el dictamen y a días de la sesión en la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional decidió retirar el proyecto original de reforma penal juvenil y enviar una nueva iniciativa que fija la edad de imputabilidad en 14 años, en línea con el consenso alcanzado con sectores de la oposición.
La decisión se tomó luego de advertir que el texto remitido inicialmente al Congreso establecía el límite en 13 años, una diferencia clave que ponía en riesgo el respaldo parlamentario necesario para su aprobación.
🔄 Un nuevo proyecto con cambios acordados
Desde el oficialismo confirmaron que el proyecto no se dará de baja, sino que será reenviado con las modificaciones consensuadas.
“El plan sigue siendo dictaminar mañana y sesionar el jueves”, indicaron desde el bloque de La Libertad Avanza en Diputados.
La nueva versión del proyecto de Reforma del Régimen Penal Juvenil será tratada en comisiones y contempla, además del cambio en la edad de imputabilidad, ajustes presupuestarios para garantizar su implementación.
🏛️ Comisiones clave y hoja de ruta en Diputados
Para avanzar con el dictamen, el oficialismo deberá primero constituir las comisiones estratégicas.
Está previsto que la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes quede a cargo de la diputada salteña María Gabriela Flores, mientras que la Comisión de Justicia sería presidida por Lisandro Almirón.
La reunión conjunta de comisiones —que incluirá también a Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda— está prevista para el miércoles, mientras que la sesión en el recinto se proyecta para el jueves.
💰 Impacto presupuestario del nuevo régimen
Uno de los puntos centrales del proyecto es su financiamiento. El texto asigna más de $23.700 millones para poner en marcha el nuevo régimen penal juvenil, con partidas específicas para el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación.
Además, se habilitan acuerdos entre la Nación y las provincias para el envío de fondos destinados a la construcción de nuevas instalaciones, un aspecto clave para garantizar la separación entre menores y adultos detenidos.
🤝 Consenso político y límites penales
Si bien algunos sectores del oficialismo impulsaban llevar la imputabilidad a los 13 años, la postura común entre el PRO, la UCR y aliados fue fijarla en 14 años, criterio que finalmente se impuso.
El proyecto mantiene un régimen diferenciado del sistema penal adulto, sin posibilidad de prisión perpetua y con una pena máxima de 15 años para delitos graves como homicidios, abusos sexuales, robos violentos o secuestros.
🧠 Seguridad y reinserción social
Desde el Ejecutivo aseguran que la iniciativa busca responder a la preocupación social por la inseguridad y evitar el uso de menores como instrumentos del delito.
Para los adolescentes de hasta 15 años imputados por hechos graves, los jueces podrán disponer privaciones de libertad, aunque el eje estará puesto en la resocialización y la reinserción social.
En los delitos menores, se priorizarán sanciones no privativas de libertad, como tareas comunitarias y reparación del daño, dejando la institucionalización como último recurso.
🧾 Derechos reforzados y garantías procesales
El proyecto también refuerza los derechos de los menores durante el proceso judicial, incluyendo patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, mediaciones y el derecho a ser escuchados en todas las instancias.
Además, se prevé la creación de institutos especializados, con acceso a educación, atención médica y tratamientos para adicciones, y con la prohibición expresa de convivencia entre menores y adultos detenidos.