El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, firmó este miércoles el decreto que establece la cesantía de 19 empleados públicos acusados de presentar certificados médicos falsificados para justificar ausencias laborales. Esta medida se enmarca en la investigación que detectó más de 80 casos de licencias fraudulentas en distintos organismos gubernamentales entre 2023 y 2024.
Decisión firme contra las prácticas fraudulentas
El decreto, en su artículo 1, estipula la rescisión inmediata de los contratos de los implicados, poniendo fin a su relación laboral con el Estado. Además, ordena el descuento de los días pagados indebidamente durante las ausencias no justificadas.
El documento fundamenta esta decisión como una acción ejemplar frente a prácticas que afectan la transparencia y el funcionamiento del sector público.
Un fraude sistemático
La denuncia inicial fue realizada por el propio Poggi y confirmada por el fiscal de Estado, Víctor Endeiza, junto con el director de Recursos Humanos, Alberto Sibert. Ambos funcionarios revelaron que se identificó una posible red dedicada a la creación y comercialización de certificados médicos falsos, que involucraba el uso de sellos y nombres de médicos reales sin su consentimiento.
En palabras del Gobernador:
“Presumimos que existe una organización que emite y comercializa estos certificados falsos, incluso falsificando sellos y nombres de médicos. Es injusto que se pague un salario a alguien que no trabaja, especialmente cuando el 99.9% de los empleados públicos cumple con su labor diaria”.
Más despidos en camino
La medida adoptada este miércoles es solo el comienzo. Se espera que el Gobernador firme otros decretos de cesantía el jueves y viernes, extendiendo las sanciones a más empleados involucrados en esta práctica.
Impacto en la administración pública
La investigación, aún en curso, ha puesto bajo escrutinio las áreas de Seguridad, Salud, Educación y el escalafón general, donde se han detectado irregularidades. Según las autoridades, estas acciones buscan restablecer la confianza en la administración pública y enviar un mensaje claro sobre la importancia de la responsabilidad laboral.
El caso no solo tiene implicancias administrativas, sino también legales. El fiscal Endeiza confirmó que se avanzará con acciones penales contra los responsables de la falsificación y comercialización de los certificados.
Un mensaje contundente
La cesantía de estos empleados refuerza la postura del gobierno provincial en su lucha contra el fraude y las irregularidades en el sector público. «Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para proteger los recursos del Estado y garantizar la equidad entre los empleados públicos», concluyó Poggi.
La resolución de este caso será un hito en la gestión del gobernador y un precedente para abordar la transparencia en la administración pública.
Fuente: Prensa Gobierno de la provincia de San Luis
