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23 de marzo de 2024

Orden Judicial Obliga a Reintegrar a 14 Trabajadores Removidos de sus Funciones: Críticas al Concejo Deliberante

La comunidad espera una respuesta inmediata del Concejo frente a la orden judicial que exige el reintegro de 14 trabajadores, mientras se cuestiona la falta de respeto a la separación de poderes y la institucionalidad democrática. La controversia alcanza su punto álgido con la destitución de la Dra. Bárbara Temoli, planta permanente votada por la mayoría, generando un escenario inaudito de conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo local.

En una decisión controvertida, el Dr. Gastón Temoli, Concejal destacado, ha expresado su firme postura respecto a la reciente orden judicial que exige el reintegro de 14 trabajadores a sus funciones laborales. Según Temoli, la Presidente del Concejo no puede pasar por alto una orden judicial de tal magnitud.

El conflicto alcanza su punto álgido con el caso de la Dra. Bárbara Temoli, una figura de planta permanente respaldada por una votación abrumadora de las dos terceras partes del cuerpo. Sin embargo, una resolución presidencial la ha destituido de su cargo sin el consentimiento del mencionado cuerpo legislativo.

La situación se torna aún más tensa al observar la situación de los 14 trabajadores, quienes, a pesar de la orden judicial, se encuentran en un limbo laboral, cumpliendo con sus horarios pero sin funciones asignadas. Mientras el Ejecutivo Municipal actúa conforme a la orden judicial, el Poder Legislativo, representado por el Concejo, parece reticente a cumplir con la misma, generando un escenario inaudito que ha despertado la indignación de la comunidad.

"Es inadmisible que una institución como el Concejo Municipal ignore una orden judicial de tal relevancia", declaró el Dr. Gastón Temoli en una entrevista exclusiva. "La justicia debe ser respetada y acatada por todas las instancias del gobierno local", añadió.

El debate sobre el respeto a la separación de poderes y la imperiosa necesidad de cumplir con las decisiones judiciales sigue en curso, mientras los trabajadores afectados y la comunidad en general esperan una pronta resolución que garantice el respeto a sus derechos laborales y a la institucionalidad democrática.



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