El cese de actividades se dicta bajo el Principio Precautorio de la Ley General del Ambiente y en concordancia con lo establecido en la Ley IX-0876-2013 de Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que en su artículo 5° prevé “ningún proyecto, emprendimiento, obra, instalación o actividad que sea susceptible de degradar el ambiente o afectar la calidad de vida de la población podrá iniciar su ejecución sin el cumplimiento del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental”.

La clausura, concretada en el mediodía del lunes, estuvo a cargo del Programa Fiscalización Ambiental, dependiente de la secretaría de Medio Ambiente y Parques, desde donde se informó que luego de reiteradas inspecciones se corroboró que en el establecimiento situado en El Durazno Alto se volvieron a desarrollar actividades de engorde de ganado sin la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Al respecto, desde Fiscalización se detalló: “Durante la última inspección observamos actividad dentro del establecimiento por lo que se realizó un acta de constatación, notificando a la empresa que, ante esta situación, corresponde la aplicación del Art. 25° de la Ley en el que la Autoridad de Aplicación puede ordenar la paralización de obras o actividades efectuadas sin la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental. Estableciendo un plazo de 10 días hábiles para dar inicio al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental”.

Los antecedentes

Desde la cartera ambiental se recordó que “Nicanor” había presentado en 2011 una categorización para encuadrar el establecimiento en el marco de la Ley de Impacto Ambiental, que en ese momento no existía, ya que sólo había una resolución.

Al salir la ley en 2013 y reglamentarse al año siguiente, es que se hace una inspección al feedlot y se le solicita que presentase el estudio de impacto ambiental. Pero la empresa respondió que no correspondía aplicar la ley por considerar que eran preexistentes a esa legislación.

La ley establece en un artículo específico para los establecimientos preexistentes un plazo para que se acomoden a la normativa.

Tras la negativa de “Nicanor” a cumplir con la legislación, el Gobierno provincial dispuso el cese de actividades, una medida que la firma luego cuestionó mediante un recurso de amparo, cuya sentencia ahora fue rechazada por la Cámara Civil.

“Ellos se niegan a realizar el estudio de impacto ambiental, pero por la ley están catalogados como una actividad pecuaria, con cría intensiva, entonces están obligados a presentar la información, que incluye evaluación del destino de los residuos, efluentes y desechos patológicos de las vacunas, entre otros”, detallaron en su momento desde Medio Ambiente.

Además, se recordó que cuando en junio del año pasado la empresa tomó muestras, no cumplían los parámetros de la normativa y por ello se convertían en potenciales contaminantes de las napas y ríos pendiente abajo.

Finalmente, en septiembre, la Cámara Civil revocó una sentencia de primera instancia que había hecho lugar a un recurso de amparo que otorgaba una excepción a la empresa de engorde de ganado y ordenaba no aplicar el sistema que rige lo vinculado a los estudios de impacto ambiental, por lo que ahora el establecimiento ganadera debía cumplir con  la normativa que rige la actividad a través una ley provincial, que es complementaria de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos.