Durante las últimas semanas, legisladores de la Cámara alta y de Diputados habían intercambiado consultas en torno al dictamen de mayoría aprobado a fines del año pasado y que por tensiones internas de la coalición de gobierno y diferencias entre la Casa Rosada y la oposición no había podido ser tratado en sesiones extraordinarias.

El Gobierno y un sector del bloque del PJ habían querido llevarlo al recinto la semana pasada, pero las negociaciones aún no estaban maduras.

Los principales puntos de discusión pasaban a última hora por el tope de los aportes empresarios y la regulación de la publicidad en los medios digitales, una propuesta de Mera resistida por Cambiemos. Según la propuesta del PJ, un porcentaje de la publicidad en plataformas digitales debería destinarse en la campaña a medios nacionales y provinciales con producción propia.

Hasta anoche no había acuerdo en ese punto. Desde el oficialismo impulsaban una normativa similar a la acordada 66 de agosto del año pasado de la Cámara Nacional Electoral, que regula el uso de los sitios web y las cuentas de redes sociales de los candidatos y las agrupaciones políticas.

En cuanto al tope de las contribuciones privadas, que no pueden efectivizarse a las alianzas partidarias en campaña tras la reglamentación de la ley 26.215 del 2009, había consenso para bajarlo del 5% estipulado en el dictamen al 2%. Fue una de las imposiciones tras las consultas con los bloques opositores de Diputados.

Otra de las modificaciones que buscaba el PJ en estas horas era la creación de un fondo común destinado a recibir un porcentaje mínimo de los aportes empresarios a los candidatos, a repartirse entre todos los postulantes. También resistido por el oficialismo.

De tratarse hoy en el recinto, en lo que sería la primera sesión del año, el proyecto podría obtener media sanción y pasaría a Diputados, donde, según los cálculos parlamentarios, estaría en condiciones de tener sanción definitiva en los últimos días de abril, con la campaña presidencial a punto de arrancar en forma oficial.

El proyecto de financiamiento pulula en el Congreso desde mediados de julio del año pasado: fue enviado por el Gobierno en medio del escándalo por los aportes irregulares a la campaña bonaerense de Cambiemos del 2017, que jaqueó a la gobernadora María Eugenia Vidal y puso en duda las contabilidades de campaña del PRO.

La iniciativa perdió intensidad durante buena parte del segundo semestre del 2018 por falta de voluntad política y desacuerdos con la oposición, por la resistencia interna –Elisa Carrió tiró el proyecto atrás por su resistencia a los aportes de empresas- y por el estallido judicial de la causa de los cuadernos, que desnudó coimas millonarias en la administración anterior disfrazadas de supuestos aportes de campaña.