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24 de octubre de 2018

Cobraban 500 dólares por no revisar valijas en Ezeiza

Son jefes de Aduana, un policía de la PSA y particulares. Pasaban indumentaria y tecnología. Fueron condenados por asociación ilícita

Jefes y personal de la Aduana, un oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y particulares fueron condenados ayer por cobrar y pagar coimas para ingresar a la Argentina mercadería sin ser revisada a través del aeropuerto internacional de Ezeiza.

El Tribunal Oral a cargo del caso entendió que lo que existió entre 2008 y 2010 en Ezeiza fue una asociación ilícita que cometió un número de delitos que no se pueden precisar pero que se calculan en cientos, informaron a Infobae fuentes judiciales.

La clave del caso fueron escuchas telefónicas. Allí quedó grabado cómo era la operatoria de la organización: particulares se ponían en contacto con jefes de Aduana, les avisaban en qué vuelo llegaban y cuál era su valija para que pasara sin ser revisada. Así evitaban pagar los impuestos correspondientes. La coima era de entre 400 y 500 dólares por valija.

 

En el juicio oral que concluyó ayer, el Tribunal Oral Penal Económico 3 dio por probado tres hechos pero señaló que en rigor la cantidad de hechos fueron "indeterminados". La Justicia descubrió que por día podían recibir unos 100 llamados.

Ropa, relojes, televisores, cartera y tecnología en general. Esa era la mercadería que ingresaba sin ser revisada.

El caso se inició en 2012 por un desprendimiento de una causa que tramitaba en provincia de Buenos Aires por trata de personas. Allí se sospechó que personal de Ezeiza podía estar cometiendo delitos. La investigación estuvo a cargo del juez en lo Penal Económico Gustavo Meirovich.

Durante la investigación se intervinieron teléfonos, se hicieron diferentes allanamientos y llegó a estar imputado el máximo jefe de Aduana en Ezeiza, Carlos Mechetti.

El domicilio de Mechetti fue allanado en 2010 y allí se encontraron 800 mil dólares, televisores, plasmas, relojes, habanos y celulares, entre otras cosas. Entonces dirigente del Club Boca Juniors, Mechetti dijo que ese dinero era de pases de jugadores de fútbol. El juez Claudio Bonadio lo sobreseyó por presunto enriquecimiento ilícito.

Mechetti también estuvo involucrado y preso por la presunta vinculación de dirigentes con barras bravas del club. Murió en septiembre de 2014. Por la causa de la Aduana tenía una falta de mérito y seguía bajo investigación.

Por el cobro de coimas en Ezeiza, los jueces Luis Imas, Karina Perilli y Luis Lozadacondenaron a cinco años de prisión a los jefes de Aduana Walter Renzi, Gabriel Robledo y Fernando Vsicardis. La misma pena recibió el empleado Dino Borgialli. Fueron condenados por los delitos de asociación ilícita y contrabando agravado y se les decomisó el dinero –206.168 dólares y 2.380 euros– encontrado en sus domicilios. Son penas de cumplimiento en prisión.

El empleado de Aduana Pablo Gómez fue condenado a tres años por contrabando y el oficial de la PSA Alejandro Ortiz a un año por encubrimiento. En las escuchas se determinó que Ortiz avisó al personal de la Aduana que iban a ser allanados.

La causa tuvo como imputados a tres particulares: el estadounidense Andy Varona, Silvia Tomassini y Jorge Borella. Los dos primeros fueron condenados por contrabando -Varona a tres años y Tomassini a dos años y medio de prisión- y Borella fue absuelto.

Corredor de autos en Estados Unidos, Varona ingresó a la Argentina televisores que fue a retirar a Ezeiza su cuñado, Borella. Por su parte, Tomassini ingresaba de manera habitual indumentaria que luego vendía en Internet. Sobre ambos también se ordenó decomisar la mercadería.

Los tres jueces estuvieron de acuerdo en las condenas, pero se diferenciaron en las penas a tres acusados. Los magistrados Lozada e Imas declararon inconstitucional la pena mínima del delito de contrabando -que es de cuatro años- y aplicaron penas menores. Perrilli votó en disidencia.

Los fundamentos del Tribunal Oral se conocerán en un mes y luego las defensas podrán apelar para que el fallo sea revisado. Si la Cámara Federal de Casación Penal confirma la resolución, los condenados a cinco años de prisión irán a la cárcel.



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