El gobernador Claudio Poggi firmó un nuevo decreto que decreta la cesantía de seis empleados públicos contratados tras comprobarse que presentaron certificados médicos apócrifos para justificar licencias por enfermedad. Con esta nueva medida, el número total de desvinculados por esta causa asciende a 68 personas, según informó la administración provincial.
Detalles de la irregularidad
Los certificados presentados por los trabajadores contenían inconsistencias en los datos personales y en las matrículas de los profesionales a los que supuestamente se atribuían. Estas irregularidades llevaron al Gobierno a rescindir los contratos bajo la cláusula sexta de los acuerdos de prestación de servicios. Además, se procederá a descontar los haberes correspondientes a los días de licencia que resultaron injustificados.
Sumarios para personal de planta permanente
En paralelo, esta semana se iniciaron sumarios administrativos a 33 empleados de planta permanente, quienes también habrían recurrido a certificados falsos para obtener licencias pagas por enfermedad. Según el Estatuto del Empleado Público, estos trabajadores serán suspendidos por 90 días sin percibir sus haberes mientras se lleva a cabo el proceso sumarial.
Repercusiones y medidas adoptadas
El gobernador Poggi reafirmó el compromiso de la administración provincial de actuar con firmeza frente a prácticas fraudulentas que perjudican la integridad del sector público. «Es inaceptable que un pequeño grupo comprometa la transparencia y los recursos que pertenecen a todos los sanluiseños», destacó el mandatario al rubricar el decreto.
Impacto y continuidad de la investigación
La Dirección de Recursos Humanos, junto al Fiscal de Estado, continúa con la auditoría en diferentes áreas de la administración pública para detectar posibles nuevos casos. Las autoridades confirmaron que no habrá excepciones y que se aplicarán sanciones en todos los niveles, tanto para contratados como para empleados de planta permanente.
Este accionar refuerza una política de tolerancia cero frente a irregularidades y busca restablecer la confianza en la gestión pública, al tiempo que se optimizan los recursos y se garantiza el cumplimiento ético de los trabajadores.
Fuente: Prensa gobierno de la provincia de San Luis
