El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil, con el objetivo de avanzar esta misma semana en su tratamiento en comisiones y llevarlo al recinto de la Cámara de Diputados. La iniciativa vuelve a poner en el centro del debate la edad de imputabilidad, uno de los temas más sensibles de la agenda política.
La propuesta es prácticamente idéntica a la presentada el año pasado, aunque incorpora una diferencia clave: el financiamiento para su implementación, un punto que había generado fuertes cuestionamientos en la discusión anterior.
🔍 Qué cambios propone la reforma penal juvenil
El texto impulsado por el oficialismo plantea bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años para delitos graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros. Sin embargo, ese umbral podría modificarse durante el debate parlamentario.
Desde la oposición dialoguista, bloques como el PRO y la UCR ya anticiparon que están dispuestos a discutir el proyecto, aunque con un límite claro:
“El consenso es fijar la edad en 14 años”, señalaron referentes legislativos.
Todo indica que ese será el punto que se intentará acordar en el dictamen previsto para el próximo miércoles.
💰 Financiamiento: el punto que destrabó el debate
Uno de los principales cambios respecto del proyecto anterior es la inclusión de fondos específicos. En el artículo 51, bajo el título Asignación Presupuestaria, se establece un monto de $23.739.155.303,08 para poner en marcha el nuevo régimen.
El dinero estará distribuido entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación, y se habilita además la posibilidad de acuerdos entre Nación y provincias para la construcción de institutos especializados.
🏛️ Cómo será el régimen penal juvenil
La reforma contempla un sistema diferenciado del régimen penal de adultos. Para adolescentes de hasta 15 años, el juez podrá disponer medidas de privación de libertad solo en casos graves, priorizando siempre la resocialización.
En delitos menores, el proyecto establece penas alternativas como:
- tareas comunitarias,
- reparación del daño,
- prohibiciones de contacto con las víctimas.
La privación de libertad quedaría reservada como último recurso.
Otro punto en discusión es la pena máxima. Mientras que el proyecto original habilita condenas de hasta 20 años de prisión, el dictamen consensuado el año pasado fijaba un tope de 15 años, exclusivamente para delitos graves, descartando en todos los casos la prisión perpetua.
🧒 Institutos especiales y derechos reforzados
El régimen también prevé la creación de institutos específicos para menores, con personal capacitado en infancia y adolescencia. Allí se garantizaría el acceso a:
- educación,
- atención médica,
- tratamiento por adicciones.
Además, se prohíbe de manera expresa cualquier convivencia con detenidos adultos.
Tanto los adolescentes como las víctimas contarán con derechos reforzados, entre ellos:
- patrocinio jurídico gratuito,
- asistencia psicológica y social,
- derecho a ser informados y escuchados durante todo el proceso.
📅 Cuándo se tratará en el Congreso
Según el cronograma comunicado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la intención del oficialismo es dictaminar el proyecto el miércoles en un plenario de las comisiones de Justicia, Familia y Niñez, y Presupuesto, para llevarlo al recinto el jueves 12 de febrero.
La discusión promete ser intensa y volverá a encender el debate sobre seguridad, justicia y derechos de los menores en la Argentina.