El Gobierno de Javier Milei avanza en una estrategia de alto impacto político y económico: financiar el pago de intereses de la deuda mediante la venta de activos del Estado, una decisión que redefine el tamaño y el rol del sector público en la Argentina y profundiza el rumbo liberal de la gestión.
El propio Presidente confirmó que los compromisos con organismos internacionales se afrontarán sin aumentar la emisión de deuda, sino a través de la liquidación de empresas públicas y bienes inmuebles, con el objetivo de reducir la cantidad de títulos en circulación, contener el riesgo país y abaratar el financiamiento futuro.
En un mensaje dirigido directamente a los mercados, Milei sostuvo que la escasez de bonos soberanos es clave para consolidar la baja de tasas y sostener la credibilidad del programa económico.
📉 Los números detrás de la decisión
Según estimaciones oficiales, el Estado Nacional deberá afrontar durante el próximo año pagos netos por más de USD 3.500 millones entre el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales. La cifra surge de la diferencia entre los vencimientos de capital e intereses y los desembolsos previstos.
Ese rojo en el flujo financiero explica la urgencia del Ejecutivo por generar dólares sin alterar las previsiones presupuestarias, en un contexto de ajuste fiscal estricto y caída de la recaudación.
🔧 Privatizaciones como ancla financiera
La principal herramienta elegida por el Gobierno son las privatizaciones y concesiones de empresas públicas, un proceso que ya comenzó a mostrar resultados. A principios de año, el Ejecutivo obtuvo USD 700 millones por la privatización del control de los complejos hidroeléctricos del Comahue, una operación clave para cumplir compromisos externos y recomponer reservas.
Ese antecedente fortaleció la decisión política de avanzar con nuevas privatizaciones, aun en medio de resistencias sindicales, judiciales y políticas.
Entre los procesos con mayor grado de avance aparecen AySA y Belgrano Cargas y Logística, dos empresas emblemáticas por su peso estratégico y territorial. En ambos casos, el Gobierno busca atraer capital privado y reducir subsidios, aunque los esquemas técnicos aún generan dudas en el mercado.
La licitación de Belgrano Cargas, que opera más de 7.600 kilómetros de vías en 16 provincias, es seguida de cerca por sectores agroexportadores y mineros. Sin embargo, especialistas advierten que el modelo de desintegración podría desincentivar ofertas, lo que obligaría al Ejecutivo a ajustar las condiciones.
🚿 AySA, energía y transporte: el núcleo del plan
Más definido aparece el camino de AySA, donde el Gobierno planea vender hasta el 90% del capital accionario, manteniendo un esquema de concesión con nuevo marco regulatorio. El objetivo es reducir subsidios y transferir inversiones al sector privado.
A la lista se suman Enarsa, Corredores Viales, Intercargo, Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, con distintos grados de privatización parcial o total. En todos los casos, el discurso oficial apunta a eficiencia, ahorro fiscal y atracción de inversiones, aunque los tiempos podrían estirarse por litigios judiciales y complejidades técnicas.
🏠 Inmuebles del Estado: la otra caja
En paralelo, el Ejecutivo acelera la venta de bienes inmuebles a través de subastas públicas. La Agencia de Administración de Bienes del Estado ya concretó ventas por más de USD 200 millones y prepara nuevos remates que incluyen unas 150 propiedades en todo el país.
Desde el Gobierno reconocen que no existe aún una cifra final de recaudación, ya que cada inmueble es tasado en forma individual, pero admiten que se trata de una fuente clave de ingresos extraordinarios.
⚖️ Una definición ideológica con costo político
La venta de activos del Estado para pagar deuda no es solo una decisión financiera: es una definición ideológica que marca un quiebre con el modelo estatal de las últimas décadas. Mientras el Gobierno defiende la medida como inevitable y virtuosa, la oposición advierte sobre una posible pérdida de activos estratégicos y efectos sociales a largo plazo.
En ese equilibrio delicado, Milei apuesta a sostener el respaldo de los mercados y mostrar cumplimiento de compromisos externos, aun a costa de profundizar el conflicto político interno. El resultado de esa estrategia será clave para medir la viabilidad del plan económico en el mediano plazo.