El Gobierno nacional volvió a poner en agenda el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad y confirmó que el Régimen Penal Juvenil será parte del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. Se trata de un proyecto que ya había avanzado el año pasado, pero que nunca llegó al recinto por falta de consensos políticos.
Aunque el recambio legislativo hizo que el dictamen perdiera estado parlamentario, desde La Libertad Avanza anticiparon que retomarán gran parte del texto consensuado en 2025, que había logrado un amplio respaldo opositor.
Un proyecto que ya había reunido apoyos clave
La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo en julio de 2024 y, tras meses de debate, logró dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; y Justicia. El despacho fue acompañado por LLA, PRO, UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre, con algunas disidencias parciales.
La edad de imputabilidad: de 13 a 14 años
El texto original impulsado por el Gobierno proponía bajar la edad mínima de responsabilidad penal de 16 a 13 años, con el argumento de armonizar la legislación argentina con la de otros países de la región.
Sin embargo, tras negociaciones con el PRO y la UCR, el dictamen final estableció la imputabilidad desde los 14 años. Además, fijó una pena máxima de 15 años de prisión exclusivamente para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro.
Para los delitos de menor gravedad, el proyecto prioriza penas alternativas, dejando la privación de la libertad como último recurso.
Penas alternativas y enfoque restaurativo
Entre las sanciones no privativas de libertad se incluyen:
- Amonestaciones
- Prohibición de acercamiento a la víctima
- Tareas comunitarias
- Reparación del daño
- Monitoreo electrónico
- Prohibición de concurrir a determinados lugares
- Prohibición de conducir vehículos
Estas alternativas podrán aplicarse en delitos con penas de hasta tres años, o de hasta diez años si no hubo muerte ni violencia grave, siempre con aval del Ministerio Público Fiscal y escuchando a la víctima.
También se habilitan herramientas como la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en casos leves.
Institutos especiales y derechos garantizados
El régimen pone especial énfasis en la creación de centros de detención específicos para menores, con personal capacitado en infancia y adolescencia. Allí se garantizaría el acceso a educación, atención médica y tratamiento por consumo problemático de sustancias.
Además, queda prohibida cualquier forma de convivencia con detenidos adultos, uno de los puntos que generó tensiones con los gobernadores, quienes reclaman financiamiento nacional para construir estas instalaciones.
Seguimiento integral y asistencia especializada
El proyecto prevé programas educativos, capacitación laboral, asistencia psicológica y médica, actividades culturales y deportivas, y restricciones al consumo de alcohol y drogas. El cumplimiento de estas medidas será supervisado por profesionales especializados designados por el juez.
También se contemplan intervenciones específicas para casos de salud mental, entornos familiares violentos o consumo problemático, con seguimiento judicial permanente.
Procesos reservados y derechos reforzados para las víctimas
Las causas deberán tramitarse de manera reservada, prohibiendo la difusión de la identidad de los adolescentes imputados. Desde el inicio del proceso se notificará a padres o responsables y se garantizará la intervención de la asesoría tutelar.
El dictamen también refuerza los derechos de las víctimas, que tendrán acceso a patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, y el derecho a ser informadas y escuchadas durante todo el proceso.
El crimen que reactivó el debate
La decisión política de incluir el Régimen Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias se dio en un contexto de fuerte conmoción social, tras el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe. El adolescente de 15 años fue asesinado con más de 20 puñaladas y la principal sospechosa es una compañera de 16 años.
El caso volvió a encender el debate sobre cómo debe responder el Estado frente a delitos graves cometidos por menores y reactivó una discusión que lleva décadas en la agenda pública.
