Martín Olivero: “La intromisión política en la Justicia dejó un daño institucional que llevará años reparar”

El senador provincial Martín Olivero dialogó en profundidad sobre la situación crítica del Poder Judicial de San Luis, la necesidad de una reforma judicial integral, y el legado institucional de la gestión anterior. Además, se refirió a la ley de reiterancia, a la autarquía judicial, y al rol del futuro procurador general.

En una entrevista extensa y sin rodeos en el programa La Verdad Los Hará Libres, el senador provincial Martín Olivero abordó los desafíos actuales que enfrenta el Poder Judicial de la provincia y el proceso de reforma que impulsa el Gobierno. Desde el funcionamiento de los tribunales hasta el financiamiento del sistema judicial, Olivero no eludió ninguna crítica y trazó una radiografía cruda del estado actual de la Justicia.

“El problema no es que falten jueces o plata solamente. El problema es que metimos la política en el Poder Judicial, y eso se paga caro. Es un daño institucional profundo que no se repara de un día para el otro”.

Reforma judicial: diagnóstico y expectativas

Olivero confirmó que el gobernador convocó a todos los legisladores provinciales a una reunión para avanzar en una reforma judicial integral, una medida que había sido anunciada en las aperturas de sesiones legislativas, y que ahora comienza a tomar forma.

“La gente le reclama al gobernador por causas que tardan años, robos sin condena, juicios laborales que no terminan nunca. El sistema está moroso, lento y mal instrumentado”, expresó.

Uno de los ejes será la revisión de la feria judicial, sin afectar el descanso de jueces ni abogados, pero sí con la intención de evitar la paralización de plazos procesales. Olivero enfatizó que lo que se busca es agilizar los tiempos de respuesta, sin ampliar gastos ni aumentar estructuras que la provincia no puede afrontar.

Ley de reiterancia y el nuevo procurador

Consultado sobre la aplicación irregular de la Ley de Reiterancia, el senador apuntó a la falta de coordinación y conducción en el Ministerio Público Fiscal. Señaló que muchos fiscales no aplican esta figura legal, pese a estar vigente, y consideró que el nombramiento de un nuevo procurador puede marcar un cambio decisivo.

“El procurador tiene que ser un verdadero jefe de fiscales, que instruya y que haga cumplir la ley. No como el anterior, que ni abogado penalista era”, disparó.

También advirtió que esta herramienta no vulnera garantías constitucionales, sino que busca prevenir la reincidencia de delitos leves, como robos o hurtos reiterados, que hoy saturan el sistema y generan una sensación de impunidad social.

Modificaciones al Código Laboral y otras reformas

Otro de los puntos que Olivero consideró prioritarios es la modificación del Código Procesal Laboral, rescatando el proyecto impulsado por la jueza Adela Pérez del Viso, quien propuso mecanismos de conciliación más ágiles y efectivos.

“En un año logró reducir en un 40% los tiempos de sentencia. Eso demuestra que con herramientas modernas y voluntad se puede mejorar”, destacó.

Además, adelantó que la reforma judicial no se limitará a la feria, sino que incluirá la revisión de varios cuerpos normativos y, en una etapa más ambiciosa, hasta podría derivar en una reforma constitucional integral.

Críticas al Superior Tribunal de Justicia y la herencia institucional

Sin evitar el tema más incómodo, Olivero fue contundente al señalar que el Superior Tribunal de Justicia de San Luis arrastra problemas severos debido a la intromisión política durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá.

“Se nombraron 40 o 50 fiscales que no sabían ni lo básico de derecho penal. Se usó el Poder Judicial como refugio político y eso destrozó la institucionalidad”, denunció.

Pese a ello, sostuvo que los nuevos nombramientos, ya en la actual gestión, se están haciendo con transparencia y sin interferencias partidarias: “Llevamos 23 designaciones y no conozco a ninguno. Eso es lo correcto”.

La autarquía judicial y el problema de los recursos

Olivero también abordó el debate sobre la autarquía del Poder Judicial, reconociendo que los recursos asignados por ley son insuficientes, pero instando a que el propio Tribunal Superior optimice su funcionamiento con lo que dispone.

“La plata no alcanza a nadie. El presupuesto fue votado y deben ajustarse a él. No pueden usar siempre ese argumento para no dictar sentencias o controlar a los fiscales”, advirtió.

Visión sobre La Punta y la gestión municipal

Finalmente, el senador se refirió a la situación de La Punta, ciudad que gobernó durante ocho años, y respondió con mesura ante las críticas a su sucesor, reconociendo que todo recambio conlleva un proceso de adaptación, aunque señaló que la ciudad sigue bien administrada y ordenada.