La nueva concesión de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía, comenzó a operar el jueves 10 de septiembre de 2026 con una rebaja anunciada del 13,5% en los peajes. La operación quedó a cargo de Vía Navegable Argentina S.A., un consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus.

La concesión tendrá una duración de 25 años e incluye tareas de dragado, redragado, señalización, ampliación y modernización tecnológica del corredor fluvial.

Lo que hay que saber


  • La nueva concesión de la Hidrovía comenzó el 10 de septiembre de 2026.

  • Vía Navegable Argentina informó una rebaja del 13,5% en los peajes.

  • La empresa estimó un ahorro logístico anual de entre US$ 375 millones y US$ 456 millones para el sector agroexportador.

En números


13,5%rebaja anunciada en los peajes

US$ 375-456 millonesahorro anual estimado para el agro

Según informó Vía Navegable Argentina, la reducción tarifaria podría generar un ahorro logístico sistémico de entre US$ 375 millones y US$ 456 millones anuales para el sector agroexportador. Se trata de una proyección de la concesionaria, no de un ahorro ya comprobado.

La Vía Navegable Troncal conecta los principales puertos exportadores argentinos con el océano Atlántico y concentra una parte relevante del movimiento de granos y otras cargas destinadas al comercio exterior.

Qué contempla la concesión

El contrato contempla el dragado, el redragado, la señalización y la ampliación de distintos tramos de la vía navegable. También prevé la incorporación de tecnología para modernizar la operación y mejorar la seguridad de la navegación.

Contexto
Vía Navegable Argentina S.A. está integrada por Jan De Nul y Servimagnus. La empresa comenzó a operar la Hidrovía por un plazo de 25 años y anunció una rebaja del 13,5% en los peajes, junto con una proyección de ahorro para el sector agroexportador.

El Estado conservará funciones de control sobre la concesión. Además, el Ministerio de Economía informó que avanzará con la conformación de un Consejo de Control integrado por usuarios privados y representantes de las provincias ribereñas.

La medida busca reducir costos logísticos y mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas, aunque el ahorro informado para el agro dependerá del volumen de carga y de la evolución de cada operación.