San Luis habría recibido $17.291 millones entre enero y julio de 2026 si una parte de los recursos del impuesto a los combustibles se hubiera distribuido entre las provincias mediante el régimen de coparticipación federal.
La estimación fue elaborada por la consultora Galois y difundida por LA NACION. El cálculo tomó el equivalente al 35,44% de la recaudación del impuesto, destinado actualmente a fondos fiduciarios de infraestructura y a compensaciones para el transporte público.
Lo que hay que saber
- La estimación para San Luis asciende a $17.291 millones entre enero y julio de 2026.
- El cálculo alcanza $784.290 millones para las 24 jurisdicciones.
- Se trata de una simulación y no de fondos efectivamente transferidos.
Según el informe, la recaudación acumulada del impuesto a los combustibles llegó a $3.839.125 millones durante ese período. Luego de descontar el 1,9% correspondiente a ARCA, Galois calculó que el 35,44% representaba $1.334.735 millones.
Al aplicar los coeficientes de coparticipación, las 24 jurisdicciones recibirían en conjunto $784.290 millones. San Luis quedaría con $17.291 millones, por debajo de varias provincias y por encima de La Rioja, La Pampa, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
En números
El cálculo dimensiona cuánto habría correspondido a las jurisdicciones si determinados recursos con asignación específica se hubieran distribuido mediante los coeficientes de coparticipación. No representa una transferencia efectivamente realizada ni el presupuesto total de Vialidad Nacional.
El 35,44% considerado surge de sumar tres destinos específicos del impuesto: 4,31% para el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, 28,58% para el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y 2,55% para compensaciones vinculadas al transporte público.
La discusión se relaciona con el reclamo de los gobernadores para modificar el destino de determinados fondos y aumentar los recursos de libre disponibilidad para las provincias. El ejercicio difundido no mide el estado de las rutas ni permite afirmar que el presupuesto vial haya alcanzado un mínimo histórico.
