Productores rurales de Colón, en el norte de la provincia de Buenos Aires, presentaron una carta al municipio para reclamar una reducción de la tasa vial, mejoras urgentes en los caminos y cambios en la gestión del servicio.
La presentación fue realizada por José Manfredini, vicepresidente de la Sociedad Rural de Colón, y Pablo Francescangeli, en representación de productores independientes. Según informó LA NACION, ambos firmaron el documento en nombre de unos 100 productores del partido.
Lo que hay que saber
- Los productores cuestionan el estado de la red vial rural de Colón.
- Solicitan una tasa uniforme de $10.000 por hectárea anual mientras el servicio no sea eficiente.
- Dieron 20 días corridos para obtener una respuesta y advirtieron que podrían iniciar acciones judiciales.
El reclamo fue definido durante una asamblea realizada en la Sociedad Rural local, de la que participaron más de 70 productores. En ese encuentro analizaron el estado de los caminos y el esquema vigente para financiar su conservación.
Los productores solicitaron fijar un valor uniforme de $10.000 por hectárea al año mientras no exista una prestación eficiente. También cuestionaron las alícuotas progresivas y los criterios vinculados con la productividad de los establecimientos rurales.
Además, reclamaron medidas urgentes para reparar y mantener integralmente la red vial. Entre las alternativas planteadas mencionaron la tercerización parcial o total del servicio, la creación de un consorcio de gestión u otro mecanismo que permita mejorar la prestación.
La carta presentada ante el municipio exige una respuesta formal, fundada y acompañada por un plan de acción concreto dentro de los 20 días corridos establecidos en el documento.
La nota fue dirigida al intendente Waldemar Giordano y al Concejo Deliberante. En el escrito, los productores sostuvieron que la situación de los caminos afecta la producción, la conectividad y el desarrollo socioeconómico de la comunidad rural.
También advirtieron que, si el plazo vence sin una solución, iniciarán acciones judiciales, entre ellas amparos, medidas cautelares e impugnaciones por inconstitucionalidad, además de reclamar por los perjuicios que atribuyen a la falta de mantenimiento.
