La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche entregó en julio de 2026 nueva información a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para reforzar el pedido de desafuero contra Alejandro “Alito” Moreno, senador y presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La solicitud fue presentada en 2025 y está relacionada con una investigación por el presunto desvío de 83,5 millones de pesos, peculado, abuso de autoridad y uso indebido de funciones durante su gestión como gobernador de Campeche, entre 2015 y 2019.

Lo que hay que saber


  • La Fiscalía Anticorrupción de Campeche aportó nueva información al expediente contra Alejandro Moreno.

  • La investigación se vincula con presuntas irregularidades durante su gestión como gobernador.

  • El desafuero todavía no fue aprobado y no implica una condena ni determina responsabilidad penal.

Estado del trámite
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados debe resolver primero si admite formalmente la solicitud. El proceso podría reactivarse durante el período ordinario de sesiones que comienza en septiembre de 2026.

Según la información publicada por El País, la nueva documentación fue presentada por la Fiscalía de Campeche para ampliar las carpetas de investigación. El expediente deberá ser revisado por la Sección Instructora antes de definir si corresponde avanzar con el juicio de procedencia.

Un antecedente distinto
La Cámara de Diputados desechó en agosto de 2025 un expediente de juicio de procedencia iniciado en 2022 contra Moreno. Ese archivo no equivale al trámite presentado por la Fiscalía de Campeche en 2025.

La Fiscalía sostiene que el presunto desvío habría estado relacionado con contratos y servicios de distintas áreas de la administración estatal. La acusación todavía debe ser evaluada dentro del procedimiento legislativo y judicial correspondiente.

El desafuero es el mecanismo mediante el cual se analiza si un legislador puede perder su inmunidad constitucional para quedar a disposición de la Justicia. Su eventual aprobación no representa por sí misma una declaración de culpabilidad.